Desde 2019
Conocido el fallo de la SCJ, declarándola inconstitucional el ente petrolero, ahora evalúa iniciar un juicio en reclamo del dinero abonado en el período.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia en la que declara inconstitucional la denominada “tasa de inflamables” al considerarla “un impuesto”, que abonaba la empresa DUCSA propiedad de ANCAP, sumó desde el año 2019 hasta el mes de mayo de este año, U$S 60.357.203.
De acuerdo con una alta fuente de la empresa durante 2019, DUCSA pagó a la comuna $ 568.773.174 (unos 14 millones de la moneda estadounidense), mientras que en 2020 la tasa anualizada alcanzó los $ 486.918.684 (doce millones de dólares).
La baja de un año a otro, fue producto de la pandemia, y a la caída en las ventas, teniendo en cuenta que esta tasa representaba a la intendencia de Montevideo un peso por cada litro transportado de combustible.
CIFRA MILLONARIA
Ya con la pandemia superándose, la mejora en las ventas durante 2021, implicó que la distribuidora propiedad de ANCAP, devengara $ 535.292.358 (13 millones de dólares), por este concepto, en tanto que, en 2022, la Intendencia de Montevideo percibió por este concepto, $ 634.926.282 (casi 15 millones de dólares).
Por último, hasta el mes de mayo pasado, el monto abonado por DUCSA fue de $ 188.377.645 (casi 5 millones de dólares).
La suma de todos los pagos arroja un número por el quinquenio de más de 60 millones dólares -como se revelaba al comienzo- que ahora y considerando la inconstitucionalidad de la referida tasa, ameritará -según dijo a Surtidores una alta fuente del ente petrolero estatal- analizar la posibilidad de iniciar un “juicio a la comuna capitalina por este monto”.
AXION ESTUDIA LA SITUACIÓN
Con respecto a si esa tasa podría incidir en la baja del precio de venta al público, la fuente de ANCAP informó que “no se descarta y de hecho se está evaluando, porque debe considerarse que una medida de este tipo se aplicaría solamente a las estaciones de ANCAP”.
“La resolución de la SCJ, tiene alcance sobre el sello estatal. Es tema de las otras dos distribuidoras evaluar si van a seguir por el mismo camino o no” señaló la fuente.
Surtidores se contactó con el CEO de AXION Uruguay, Patricio Jiménez quien, consultado si su sello imitará a la compañía estatal, aseguró que la distribuidora se encuentra recopilando información para definir los próximos pasos. “Todo lo que vaya en beneficio del consumidor final siempre será bienvenido y avanzaremos en esa dirección” concluyó el ejecutivo.
Desde hoy no se cobra más. El ente analiza la devolución de lo ya devengado por la comuna.
El gravamen que cobra la Intendencia de Montevideo por litro de combustible vendido, le representa al Ente un gasto de 11 millones de dólares al año.
Es de un peso por litro transportado. Si las restantes Intendencias la recaudaran, el litro de Nafta Super 95 costaría 64 pesos.