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El plan de crecimiento de la infraestructura pública acelera la movilidad eléctrica, aunque expone límites técnicos, regulatorios y comerciales que obligan al sector estacionero a repensar su rol en la cadena energética.
La empresa estatal UTE anunció recientemente su objetivo de instalar 300 nuevos cargadores públicos hacia 2026, para responder a la saturación en puntos de alta demanda y acompañar el crecimiento sostenido del parque vehicular enchufable. Sin embargo, detrás de la expansión de la red emerge una discusión más profunda sobre quiénes participan del negocio de la carga y bajo qué condiciones.
LIMITACIONES TÉCNICAS QUE CONDICIONAN EL DESPLIEGUE
El desarrollo de infraestructura rápida no depende únicamente de la decisión de invertir en equipos. Existen restricciones eléctricas concretas que, en muchos casos, vuelven inviable una instalación inmediata.
En diálogo con Surtidores, Agustín Labandera, responsable del Segmento Infraestructura y Canales de Distribución de ABB Uruguay, explicó que una parte significativa de las estaciones se ubica en corredores rurales o rutas donde la red llega, pero sin la potencia necesaria para cargadores de alta capacidad.
Según detalló, incorporar equipos de 120 kW suele requerir obras eléctricas de magnitud, con tiempos de ejecución extensos, costos elevados y procesos de coordinación técnica complejos con las distribuidoras. En ese contexto, la velocidad de expansión de la carga rápida queda atada no sólo a la demanda del mercado, sino también a la capacidad física del sistema energético.
UN ESQUEMA REGULATORIO QUE AÚN CONCENTRA LA OPERACIÓN
A las barreras técnicas se suma un aspecto normativo que condiciona la participación privada. Actualmente, UTE cumple simultáneamente funciones de proveedor de energía, operador de cargadores, comercializador del servicio y administrador de la plataforma digital, una integración que reduce el margen de ingreso para nuevos actores.
Esta configuración no impide el desarrollo del ecosistema eléctrico, pero sí plantea interrogantes sobre la competencia, la diversificación de inversiones y el rol que podrán asumir las estaciones de servicio en el mediano plazo si el modelo no evoluciona hacia esquemas más abiertos.
LA MOVILIDAD ELÉCTRICA ENTRA EN LA AGENDA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO
El debate sobre infraestructura ya trasciende lo técnico y se instala en el plano estratégico. En su presentación presupuestaria ante el Parlamento, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, incluyó el impulso a la movilidad eléctrica como uno de los ejes prioritarios para el próximo quinquenio.
La jerarca subrayó que las decisiones actuales buscan atender necesidades inmediatas, pero también construir condiciones de largo plazo que sobrevivan a los ciclos de gobierno, lo que sugiere una visión de política pública orientada a consolidar la electrificación del transporte como proceso estructural y no coyuntural.
EL PUNTO DE INFLEXIÓN PARA LAS ESTACIONES
Asimismo, dentro de ese escenario más amplio, el especialista en movilidad eléctrica Sebastián Lattancio, señaló a este medio que la expansión de la infraestructura no debe analizarse sólo en términos de cantidad de cargadores, sino en función de cómo se reorganiza el sistema de abastecimiento del transporte. “No debería interpretarse como un reemplazo del canal tradicional, sino como una reconfiguración de funciones dentro de la cadena energética”, relató.
Desde su perspectiva, la electrificación convivirá durante décadas con los combustibles líquidos debido al tamaño del parque automotor actual, lo que obliga a pensar en modelos híbridos y transiciones graduales. “La discusión real es quién captura el vínculo con el usuario eléctrico”, sostuvo. Para él, en ese proceso, las estaciones mantienen una ventaja territorial evidente por su despliegue histórico.
En una mirada esperanzadora, el verdadero cambio aparece cuando el tiempo de permanencia del usuario deja de medirse en minutos, como ocurre con la carga de combustible, y comienza a extenderse durante lapsos mucho más prolongados.
Esa modificación altera la lógica económica tradicional y desplaza el eje del negocio hacia los servicios asociados, la gestión del espacio y la integración con nuevos actores del ecosistema eléctrico. “La estación del futuro no va a vender solo combustible ni solo electricidad; va a ofrecer tiempo, servicios y experiencia”, concluyó.
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