La “regasificadora de Gas Sayago” creada durante el gobierno de José Mujica y que quedara resumida a un grupo de 71 pilotes que emergen del Río de la Plata, lleva consigo la sombra de haber sido un proyecto en el que el Estado uruguayo perdió 113 millones de dólares aportados por UTE y ANCAP, de un total de 213 millones de pérdida.

Aunque la referida obra jamás se concretó, ahora después de una auditoría privada a cargo de Price Waterhouse Coopers, presentada esta semana por UTE, se supo que en este periodo el Directorio de Gas Sayago autorizó gastos millonarios para viajes, maestrías, masajes para el personal, frutos secos y clases de piano, entre otros gastos poco explicables.

INVIABLE DESDE EL PRINCIPIO

De acuerdo con fuentes de UTE  “el proyecto de la regasificadora no era viable desde su inicio” explicando que  “se hace difícil comprender las razones por las cuales se siguió adelante, incluso cuando en el año 2015 se cobró una garantía de 100 millones de dólares por la rescisión por incumplimiento del contrato principal”.

Del informe de PWC, se desprende que de esa garantía por 100 millones de dólares “20 millones fueron destinados a gastos de administración, 36 millones al pago de préstamos, 23 millones al pago de impuesto a la renta y  21 millones al pago de activo fijo” describe el documento.

AGUINALDOS DOBLES Y 200 MIL DÓLARES DE ALIMENTACIÓN

El informe también detalla los beneficios de los funcionarios: gastos por viajes al exterior (290.000 dólares), capacitación que incluía maestrías y posgrados (247.000 dólares), gastos de alimentación (212.000 dólares), pago de aguinaldos dobles, indemnizaciones especiales por despido, entre otros gastos.

Además, explica el documento que “Gas Sayago ha sido demandada por 37 millones de dólares, el costo de 8 millones de dólares por el desmantelamiento de los pilotes ubicados en el Río de la Plata, y los 3 millones de dólares anuales de gastos de funcionamiento mientras dure su liquidación, así como los gastos directos de UTE y ANCAP que no figuran en la contabilidad”.

Se informó que la consultora no detectó la existencia de un plan de negocios por parte de UTE o ANCAP “ni un modelo financiero de factibilidad del proyecto para la adjudicación de los principales contratos”.

EL FRACASO DE OAS

Respecto a los procesos de contratación, en el informe hay observaciones al proceso de adjudicación de la obra del gasoducto a OAS, empresa que no acreditó los requisitos mínimos. Los resultados del incumplimiento también fueron comprobados.

Las fuentes de UTE informaron que este informe será puesto en conocimiento del Ministerio Público y que se procederá a contratar a un profesional experto en la materia penal de probada idoneidad para actuar a tales efectos.

DIPUTADO CAL: “ME ALEGRA MUCHO LA DECISIÓN DE UTE”

Conocida la decisión de UTE de pasar los obrados a la justicia penal, Surtidores se puso en contacto con el Diputado de Cabildo Abierto por el departamento de Maldonado Sebastián Cal, propulsor de una comisión investigadora en el cuerpo que integra, quien se mostró “muy contento con la decisión de UTE, que no hace más que acelerar un proceso de investigación absolutamente necesario, en el ámbito de la justicia”.

Cal aseguró que planteará en el seno de su corriente política “Cabildo Abierto”, dejar sin efecto la comisión de marras, en la medida de que esta decisión de UTE persigue el mismo fin.