Desde la creación de ANCAP, un 15 de octubre de 1931 (Ley Nº 8764), regulada y dirigida por el Estado uruguayo, la fijación de precios de los combustibles seguía una lógica que se mantuvo a lo largo de noventa años: Dos aumentos anuales fijados por el Poder Ejecutivo.

En este escenario las fluctuaciones del crudo poco importaban y en general en los aumentos (uno a comienzo de año y otro a mediados) se consideraba un promedio del costo internacional del Brent, con el que se fijaba la suba -la mayoría de las veces- o la baja en muy pocos casos.

Este sistema de fijación de precios, en estados en los que el Poder Ejecutivo es dueño de la empresa, muchas veces depende de realidades locales, de decisiones de directorios, etc. más que de escenarios internacionales, que, si bien son tenidos en cuenta, no pesan tanto a la hora de los números finales en el surtidor.

PISOS HISTÓRICAMENTE BAJOS

Por ejemplo, a comienzos de la pandemia en marzo de 2020, el crudo en el mundo cayó hasta pisos insólitos, inclusive con empresas que lo ofrecían casi sin costo para que vaciaran los tanques.

Como dato cabe señalar que según el sitio https://datosmacro.expansion.com, el Brent el 31 de marzo de 2021 alcanzó un piso de 14 dólares el barril, contra los 91 dólares que cotizó ayer a última hora. Sin embargo el combustible en Uruguay no reflejó ese dato, ya que mantuvieron el precio pre-pandemia con un barril a 65 dólares.

Naturalmente que de haber estado vigente la LUC en ese período, el impacto en el surtidor hubiese sido significativo.

A partir de la reglamentación de la Ley de Urgente Consideración, el sistema de fijación de tarifas en Uruguay tuvo una transformación: Dejó de estar a criterio del Poder Ejecutivo (en general ANCAP), pasando a  regirse por el PPI de la URSEA y el factor X (sobrecostos de ANCAP).

ANUNCIOS ELECTORALES

Este sistema que parecía una manera de bajar los combustibles, (de hecho el presidente Lacalle lo anunció en su campaña electoral)  tuvo un revés para el gobierno, que enfrentó una suba  a nivel mundial del crudo de casi un 80 por ciento con respecto a enero 2020.

Este factor ha sido determinante, aunque no el único causante del alto precio por litro. Vale remarcar que la gasolina Súper 95 es la más cara del continente y se ubica entre las más caras del mundo.

¿QUÉ ES EL IMESI?

El IMESI es el Impuesto Específico Interno que se regula por el Título 11 del Texto Ordenado de 1996, que grava la primera venta a cualquier título de determinados bienes.

Entre ellos se encuentran ciertas bebidas alcohólicas, bebidas sin alcohol, tabacos, vehículos automotores, lubricantes y grasas, combustibles, entre otros.

El Decreto 520/007 resuelve que el Poder Ejecutivo debe establecer un monto fijo para cada unidad gravada. A su vez, determina, para los casos en que el precio de venta supere a dicho monto, un complemento determinado por esta diferencia. Por lo que el valor del impuesto es diferente para cada bien y es reajustado por el Poder Ejecutivo en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de otras consideraciones normativas vigentes.

Actualmente este impuesto rige para las gasolinas, representando aproximadamente un 1 por ciento del PBI.

En materia de gravamen, el IMESI  a los combustibles (ahora compartido con el Impuesto al CO2) aporta casi un 50 por ciento de la totalidad del impuesto, seguido de tabacos y cigarrillos con un 21 por ciento, automotores 13 por ciento y bebidas con alcohol con un 8 por ciento.

A este impuesto que pesa sobre las gasolinas, se le suma lo que el MIEM, denomina “Factor X”, que son los sobrecostos que pesan sobre los combustibles (subvención a supergás, portland, biocombustibles, etc.) o para el caso del gas oil, el fideicomiso al boleto capitalino.

IMESI Y CO2

Al día de hoy de los 73.41 pesos que cuesta un litro de gasolina Súper 95, $ 18.35 corresponden a IMESI, mientras que $ 15.88 al nuevo impuesto al CO2, totalizando ambos $ 34.23.

Todas estas cargas fiscales “post” PPI de URSEA, siguen siendo una de las principales causas de que la nafta alcance un precio récord en el continente, además de los costos que marca la propia unidad reguladora (crudo, fletes, seguros, etc.).

La alternativa de importar combustibles, que fuera manejada en la campaña electoral de Luis Lacalle, pero no encontrara eco en el documento “COMPROMISO POR EL PAÍS” firmado por toda la coalición de gobierno, tampoco aseguraría bajar su precio, en la medida de que los gravámenes en territorio uruguayo serían los mismos que el refinado por ANCAP.

El panorama a futuro, no es muy halagüeño para nuestro país, si se considera que los anuncios internacionales avizoran un petróleo a la suba de acá a mediados de año. En este contexto, la única salida sería rever este impuesto o reasignar las subvenciones a otros organismos.