La saga de capítulos que tiene como protagonista a la malograda “Regasificadora”, proyecto para el que se unieron UTE y ANCAP bajo la compañía “Gas Sayago” en una punta costera que lleva el mismo nombre, finalmente parecería podría llegar a su temporada final.

El proyecto lanzado en 2011 durante la presidencia de José Mujica, fue objeto de una primera investigación en 2016 por parte del parlamento nacional, con acusaciones de pérdidas, errores de diseño y ubicación, ausencia de transparencia, irregularidades e ilicitudes, la conexión Brasileña y antecedentes de las empresas (en referencias a GNLS y OAS).

LAS COIMAS EN OAS

En 2019 el Poder Ejecutivo autorizaba a ambas empresas, a pagar casi US$ 30 millones por el remanente de un préstamo con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, contraído en 2014 por US$ 83 millones para “la realización de tareas de dragado y la instalación de un gasoducto que permitirá conectar la planta con la red nacional de distribución de gas”, según consta en la web de CAF.

A raíz de este pago al referido Banco, el entonces diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, dijo al matutino El País, que este hecho confirmaba el fracaso del proyecto de la Planta Regasificadora y “desmiente a la ministra (Cosse) que decía que el Estado no perdía dinero”. Casi inmediatamente la entonces oposición presentó denuncia penal al respecto de este tema.

La construcción del gasoducto de 13 kilómetros por el que se transportaría el gas desde los buques hasta la Planta, que había sido encomendado a la empresa OAS que fue protagonista de un escándalo en Brasil, acusada de pagar coimas.

Este conglomerado multinacional brasileño, de capital privado, que reúne empresas presentes en Brasil y en más de 20 países, creada en 1976, en Bahía, con actuación en el sector de ingeniería e infraestructura, fue en ese momento uno de los principales puntos de discordia entre ésta y Gas Sayago (sociedad entre UTE y ANCAP para administrar la fallida planta).

200 MILLONES DE PÉRDIDA

En una entrevista concedida por el ex diputado Abdala en diciembre de 2019 a Surtidores, el legislador había advertido sobre recursos comprometidos que incluían “lo devengado y por devengar” que estaban en el orden de los 200  millones de dólares. “Se componen de las sucesivas capitalizaciones de UTE Y ANCAP, aportes iniciales y posteriores, pasivo, deudas comerciales y financieras, el préstamo de la Corporación Andina de Fomento que pasa los 80 millones de dólares, así como las asistencias financieras que a lo largo de todo este proceso realizaron las empresas públicas” denunció Abdala en 2019.

Las acciones en torno a una Planta Regasificadora de la que solo se ven los pilotes, siguieron su curso hasta hoy, cuando el gobierno nacional ante la ausencia de compradores (hubo dos remates declarados desiertos) ha decidido cerrar la empresa.

EL PARLAMENTO DECIDIRÁ

Fuentes del gobierno aseguraron a Surtidores que la decisión es la de disolver la Sociedad Anónima, cuyos créditos irán a rentas generales “del mismo modo que las contingencias”, dijo la fuente al portal.

“Todos los obrados se pasarán al parlamento nacional. Considerando que los accionistas son dos empresas públicas, la discusión del tema en este cuerpo, ofrece al Uruguay todas las garantías. Es una tranquilidad para todos” agregaron.