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El Congreso Nacional de Ediles había catalogado la medida inicial como “inoportuna, regresiva y desequilibrada” y solicitó volver al 40 por ciento.
El Impuesto Específico Interno (IMESI) aplicado a las naftas en las zonas de frontera con Argentina se ha transformado, en los últimos meses, en una suerte de “sierra impositiva” que sube y baja según el termómetro político y las presiones regionales.
Hasta hace apenas un par de meses, el descuento se ubicaba en el 40 por ciento. Posteriormente, el gobierno decidió reducirlo al 32 por ciento, medida que encendió la alarma en intendentes y actores económicos del litoral, quienes advirtieron que la decisión agravaba la ya difícil situación de competitividad frente al vecino país.
La reacción no tardó en llegar: tras semanas de reclamos, el Ejecutivo resolvió fijar el beneficio en un 35 por ciento. Si bien se trata de un punto intermedio, la medida no deja conformes a las comunidades fronterizas, que entienden que el ajuste resulta insuficiente frente al peso de las asimetrías cambiarias y las diferencias estructurales en precios de combustibles, bienes y servicios.
PRONUNCIAMIENTO DE LOS EDILES
En este contexto, el Congreso Nacional de Ediles emitió una declaración categórica a la que accedió Surtidores, en la que calificó la reducción del IMESI como “inoportuna, regresiva y desequilibrada”, advirtiendo que lejos de atender las realidades locales, “profundiza las desigualdades” y erosiona la capacidad de desarrollo de los departamentos fronterizos.
La postura de los ediles hace hincapié en el impacto directo sobre el comercio minorista, las pequeñas y medianas empresas, y los emprendedores locales, sectores que ya se encuentran debilitados por la fuga de consumo hacia Argentina. “Desde el norte del país no se compite en igualdad de condiciones con la capital u otras zonas más favorecidas por la centralidad geográfica y económica”, señala el texto.
RECLAMO POR EQUIDAD TERRITORIAL
El Congreso de Ediles pide la revisión de la resolución de la Dirección General Impositiva para volver al 40 por ciento, y exhortó al Gobierno a diseñar políticas diferenciadas que fortalezcan a las regiones más expuestas a la competencia desigual.
Los legisladores comunales, reclaman medidas que promuevan la inversión, la permanencia de jóvenes y trabajadores en sus territorios y la construcción de un tejido económico sostenible.
La discusión sobre el IMESI en las fronteras excede lo estrictamente fiscal. Se trata de un debate sobre equidad territorial y justicia social, en el que los Gobiernos departamentales reclaman voz y voto frente a decisiones centralizadas que, entienden, no reflejan la complejidad del interior profundo.
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