Ex presidenta de ANCAP, Marta Jara, inició millonaria demanda laboral al Estado

La expresidenta de ANCAP y ex gerenta general de Gas Sayago, (una empresa cuya propiedad corresponde a UTE en un 80 por ciento y a la petrolera el restante 20 por ciento) Marta Jara, presentó una demanda laboral contra el Estado uruguayo, al que le reclama  7.200.0000 de pesos más reajustes e intereses.

El antecedente data de 2019, cuando ya tomada la decisión de no seguir adelante con el proceso de construcción de una Planta Regasificadora por las millonarias pérdidas que originaba, comenzó el proceso de liquidación de la misma, dentro del que se incluyó la celebración  de acuerdos (setiembre de 2019) con sus trabajadores a fin de terminar con las deudas contraídas en concepto de salarios con una empresa que aún se mantenía abierta a pesar de los millonarios perjuicios que seguía ocasionando a sus dueños y por ende al Estado uruguayo.

EXCLUÍDA DEL ACUERDO

El acuerdo excluyó un cargo; el de gerenta general, quien Jara lo mantuvo en reserva haciendo usufructo de una licencia sin goce de sueldo, cuando asumió su cargo en la presidencia de ANCAP (2016) en lugar de José Coya a poco más de la mitad del período gobierno del Dr. Tabaré Vázquez.

Una vez instaurados los nuevos directorios de UTE y ANCAP, se tomó la decisión de liquidar la sociedad, desvinculando a todo el personal, pero manteniendo a Jara en su cargo.

Pocos días después de asumir el nuevo directorio de la petrolera estatal presidido por Alejandro Stipanicic, notificó a Jara acerca de la resolución de la ONSC, declarando incompatible ambas tareas, otorgándole 10 días para presentar la constancia de su desvinculación de Gas Sayago, sin la que no podría hacer efectivo el cobro del subsidio en ANCAP.

“ME CONSIDERO DESPEDIDA”

A los once días (27 de mayo de 2020) la ex presidenta de ANCAP, envió un telegrama colacionado a UTE en el que expresaba que “en tanto sigo a la orden y sin respuesta de la empresa, intimo mi reintegro en 24 horas bajo apercibimiento de considerarme despedida”.

Paralelamente la propia Jara publicó en Twitter: “Gas Sayago no me ha asignado tarea, contestado ni concedido reunión. Ante su falta de resolución, se siguen acumulando obligaciones de la empresa por mantenerme a la orden sin que genere valor. Por eso envié este telegrama”.

Ahora a la luz de los hechos, la falta de resolución a la que alude la referida profesional, así como la acusación de “la acumulación de obligaciones” son los elementos en los que se basó la ex jerarca para presentar el juicio laboral por supuestos salarios impagos, indemnización por despido, aguinaldo, licencia, salario vacacional y perjuicios varios que incluye el pago de una multa.

En diciembre de 2019, el entonces diputado nacionalista Pablo Abdala (hoy titular del INAU) había revelado a Surtidores que “más que pérdidas, hablaría de recursos comprometidos que incluyen lo devengado y por devengar, que estarían hoy en el orden de los 200bv  millones de dólares, que se componen de las sucesivas capitalizaciones de UTE Y ANCAP, aportes iniciales y posteriores, pasivo, deudas comerciales y financieras, el préstamo de la Corporación Andina de Fomento que pasa los 80 millones de dólares, así como las asistencias financieras que a lo largo de todo este proceso realizaron las empresas públicas.”

GAS SAYAGO: 200 MILLONES DE DÓLARES DE PÉRDIDA

Abdala denunció la situación de Marta Jara, manifestando a Surtidores en nota del 27 de diciembre de 2019, que el hecho de que la ex funcionaria mantuviera el subsidio de ANCAP  y el sueldo de Gas Sayago, era “una situación notoriamente irregular e ilegal ya que era presidenta del Ente Autónomo ANCAP, que se rige por el artículo 200 de la Constitución que reza ningún Director de Ente Autónomo ni servicio descentralizado puede ocupar cargos ni aún honorarios en empresas públicas o privadas que se vinculen con el ente que ellos dirigen”.