Reclamo a la Intendencia de Montevideo
El Poder Ejecutivo podría trasladar el descuento al surtidor.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia, declarando “inconstitucional” la tasa de inflamables que cobraba la comuna capitalina y que grababa los combustibles en un 0.22 por ciento ($ 0.26) para el caso de las gasolinas y 0.33 por ciento ($ 0.19), tiene una segunda implicancia, en la medida que este renglón desaparecerá del PPI que elabora mes a mes la URSEA.
En este nuevo escenario, el Poder Ejecutivo debería trasladar el descuento al precio de venta al público, teniendo en cuenta las habituales oscilaciones mensuales dependiendo del escenario del período evaluado.
TRASLADAR CUANTO ANTES LA REBAJA DE LA TASA
El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic, afirmó en declaraciones al canal oficial, que el ente promoverá en el Poder Ejecutivo “trasladar cuanto antes” a las tarifas esta baja.
El titular de la petrolera estatal, dijo que la quita implicaría “entre 0,20 para el caso del gasoil y 0,26 en las naftas, pesos por litro”. Stipanicic aseguró que la URSEA deberá quitar este item del PPI.
RECLAMO HACIA ATRÁS
Con respecto a cómo sigue el proceso y ante anuncios de que ANCAP reclamaría hacia atrás los montos pagos a la intendencia de Montevideo por este concepto, el jerarca informó “ahora tenemos que sentarnos y ver cómo arreglamos el pasado”.
Aseguró que desde 2016 la petrolera estatal, abonó a la comuna unos 100 millones de dólares, por concepto de “Tasa de Inflamables”. En 2022, fueron US$ 15 millones, y este año la empresa estimaba que serían US$ 12 millones.
“Estamos satisfechos con el procedimiento. Convalida lo que en el año 2020 habíamos encarado internamente con los servicios jurídicos, cuando dispusimos que se analizara la situación en busca de reducir los costos de los combustibles para la sociedad” concluyó el presidente de ANCAP.
SE HIZO JUSTICIA
Un operador de una Estación de Servicio manifestó a Surtidores que con este dictamen de la SCJ “se hizo justicia con un viejo reclamo del interior del país”.
“Esta tasa -que pagamos todos los ciudadanos que surtimos combustible solamente ingresaba a las arcas de la intendencia de Montevideo en cifras millonarias” concluyó el entrevistado.
Conocido el fallo de la SCJ, declarándola inconstitucional el ente petrolero, ahora evalúa iniciar un juicio en reclamo del dinero abonado en el período.
Desde hoy no se cobra más. El ente analiza la devolución de lo ya devengado por la comuna.
El gravamen que cobra la Intendencia de Montevideo por litro de combustible vendido, le representa al Ente un gasto de 11 millones de dólares al año.
