La ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, confirmó que el Gobierno del Frente Amplio anunciará antes de fin de mes modificaciones en el esquema de fijación de precios de los combustibles, luego de las polémicas generadas por los dos primeros ajustes realizados por la nueva administración. Las críticas no solo provinieron de sectores técnicos, sino también de la oposición política, que cuestiona los valores aplicados y advierte sobre la posibilidad de interpelar a la funcionaria en el Parlamento.

Cardona explicó que el objetivo es “mejorar” la metodología de fijación, que actualmente se basa en el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) sobre los Precios de Paridad de Importación (PPI). La ministra dejó en claro que no se busca abandonar el PPI como herramienta, pero sí repensar su aplicación desde un enfoque distinto al utilizado durante la gestión de Luis Lacalle Pou. “No hubo una gestión integral del tema. Nosotros queremos plantear una nueva visión, con transparencia y equilibrio en la canasta de energéticos”, señaló.

En este sentido, destacó la creación de un grupo de diálogo con la cadena de distribución para evaluar las mejores alternativas. Aunque evitó adelantar detalles concretos, Cardona aseguró que se busca brindar “certidumbre” tanto al consumidor como a los actores del mercado energético, en un contexto donde el precio internacional del petróleo ha mostrado una tendencia a la baja.

La decisión de mantener los primeros ajustes de precios por encima de los valores internacionales despertó cuestionamientos inmediatos. Desde el Partido Nacional, el senador Álvaro Delgado, calificó la situación como un caso de “sobreprecios”, y sostuvo que se trata de una estrategia del nuevo Gobierno para aplicar un “ajuste fiscal” a través de la petrolera estatal ANCAP. “Están utilizando el precio del combustible para recaudar más. Es inaceptable”, afirmó.

En la misma línea, el diputado del Partido Colorado, Walter Verri, advirtió que si el nuevo sistema implica precios artificialmente altos, no dudarán en interpelar a la ministra. “La ciudadanía tiene derecho a pagar lo justo. Si los precios están por encima de lo que marcan los mercados, alguien tendrá que rendir cuentas”, afirmó el legislador.

Frente a estas críticas, el Poder Ejecutivo defendió su postura señalando que ANCAP enfrenta una deuda de 255 millones de dólares, y que parte de la presión financiera proviene del impacto que tuvo la parada técnica en la refinería La Teja. Además, desde el entorno presidencial argumentan que durante la gestión de Lacalle Pou esa deuda fue reducida considerablemente, y que la situación actual obedece a decisiones tomadas previamente, incluso antes del traspaso de mando.

La polémica se enmarca también en una propuesta ya planteada por el presidente Yamandú Orsi durante la campaña, cuando se mostró partidario de analizar una periodicidad diferente en los ajustes de precios. En ese entonces, el mandatario sugirió que los ajustes podrían pasar de mensuales a bimestrales o incluso semestrales, para otorgar mayor previsibilidad a consumidores y empresas.

Mientras tanto, la expectativa está centrada en el anuncio oficial, que se prevé se realice antes de que finalice mayo. El mismo podría incluir cambios sustanciales en la forma de aplicar el PPI, en la periodicidad de las actualizaciones y en los mecanismos de diálogo con los actores del sector. “No se trata solo de números, sino de un enfoque integral que contemple la realidad energética del país y el impacto en el bolsillo de los uruguayos”, concluyó Cardona.