El gobierno fijó un aumento del 7% en los combustibles mientras el PPI marcaba subas de hasta 60%

En un escenario global marcado por fuertes incrementos en el precio del petróleo, el gobierno uruguayo resolvió aplicar un aumento del 7% en los combustibles a partir del 1º de abril. La decisión, lejos de trasladar la totalidad de las presiones internacionales, busca contener el impacto interno. Sin embargo, detrás de ese porcentaje hay una diferencia sustancial con lo que hubiera implicado aplicar estrictamente el Precio de Paridad de Importación.

EL DIFERENCIAL ENTRE EL AJUSTE REAL Y EL PPI
La ministra de Industria, Fernanda Cardona, fue clara al exponer la magnitud del desfasaje: si se trasladara plenamente el PPI, la nafta debería aumentar un 35%, el gasoil un 60% y el gas un 33%. Incluso contemplando otros eslabones de la cadena, los incrementos hubieran sido del 13% para la nafta y del 44% para el gasoil.

En términos concretos, esto implicaría subas cercanas a los $10 por litro en ambos combustibles, muy por encima del ajuste definido. Finalmente, el gobierno optó por un incremento de $5.39 para la nafta súper (que pasará a $82.27) y de $3.31 para el gasoil 50S (que se ubicará en $50.63).

UNA DECISIÓN CON FOCO EN LA ESTABILIDAD
Desde el Ejecutivo se argumentó que el cambio de una metodología bimensual a una mensual permitirá acompasar mejor la dinámica internacional sin trasladar saltos bruscos. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, subrayó que sin este esquema los aumentos serían “extraordinariamente más altos”, destacando la importancia de las herramientas con las que cuenta Uruguay, como la refinería de ANCAP.

Además, el contexto global aparece como un factor determinante. El barril de petróleo pasó de 70 a más de 100 dólares en pocas semanas, marcando un quiebre histórico comparable con crisis energéticas de décadas pasadas.

LA LECTURA DEL SECTOR: MITIGAR SIN DESCONOCER LA SUBA
Desde el sector estacionero, la evaluación pone el foco justamente en esa brecha entre lo que marca el mercado y lo que finalmente se aplica. Daniel Sanguinetti, presidente de UNVENU, expresó a Surtidores que la fijación de precios sigue siendo potestad del Poder Ejecutivo más allá del PPI que presenta Ursea, y valoró el criterio adoptado.

“Nunca es bueno hablar de una suba en el precio de los combustibles, pero dentro del contexto internacional que se está viviendo, que se haya acotado la suba al 7% mitiga el impacto en toda la cadena productiva, el agro, la logística”, expresó.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y ESCENARIO ABIERTO
El gobierno también anunció medidas de mitigación dirigidas al sector productivo, especialmente afectado por el aumento del gasoil y el déficit hídrico. Entre ellas, líneas de crédito subsidiadas, beneficios en garantías y extensión de plazos de financiamiento.

A su vez, se estima que el costo fiscal de esta contención ronda los 30 millones de dólares, en un esquema que se mantendrá mientras persista el escenario internacional de “excepcionalidad”. Con stocks de ANCAP que permitirían sostener esta estrategia hasta julio o agosto, el Ejecutivo deja claro que la situación será monitoreada de forma permanente.