Tras las polémicas generadas por la decisión del Gobierno de mantener sin cambios los precios de los combustibles durante abril y mayo —a contramano de la tendencia internacional a la baja—, el Poder Ejecutivo resolvió crear una comisión multisectorial, que tendrá como objetivo analizar el proceso de fijación de precios, evaluar toda la cadena de distribución, revisar el Precio de Paridad de Importación y estudiar en detalle los números de ANCAP.

Estará integrada por todos los actores de la cadena de distribución de combustibles refinados, bajo la coordinación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que actuará como autoridad convocante.

REVISIÓN PRESIDENCIAL

El presidente de la República, Yamandú Orsi, ya había manifestado públicamente que el sistema requería una revisión. Sin embargo, en la tarde de este jueves fue más allá y, mediante un decreto, suspendió el “Reglamento de Distribución Secundaria” elaborado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, así como la posibilidad de cambiar de sello al finalizar los contratos.

El decreto —firmado por Orsi, la ministra de Industria, Fernanda Cardona y la de Transporte, Lucía Etcheverry— pone el foco en la actuación reciente de URSEA. Según el texto oficial, la entidad ha emitido resoluciones “de forma parcial y dispersa”, basadas en el artículo 237 de la Ley de Urgente Consideración, lo que ha generado “gran conflictividad e incertidumbre en el sector, con numerosos actos administrativos impugnados tanto por vía administrativa como judicial”.

SIN CAMBIOS EN EL STATUS QUO

El artículo 237 de la LUC, citado en el decreto, encomendaba al Poder Ejecutivo presentar al Parlamento, en un plazo de 180 días desde la vigencia de la ley, una propuesta integral de revisión —legal y reglamentaria— del mercado de combustibles. Este estudio debe abarcar aspectos como la refinación, exportación e importación de petróleo y derivados, teniendo en cuenta las condiciones, capacidades e infraestructura disponibles en el país.

Además, la ley impulsa un análisis profundo de la cadena de comercialización interna, incluyendo evaluaciones estadísticas y la identificación de factores que afectan el sistema y que podrían ser modificados.

Ante este escenario, el Gobierno resolvió mantener el statu quo, mientras la Comisión Intersectorial define los pasos a seguir en un asunto que atraviesa dimensiones económicas, políticas y sociales.