El acuerdo entre el gobierno uruguayo y HIF Global, cuyos aspectos formales habían sido presentados a la opinión pública el 28 de febrero pasado, con el que se anunció que la empresa montaría un complejo en Paysandú, con una producción de 80 millones de galones al año de combustibles sintéticos a través de la construcción de una planta de hidrógeno verde con el potencial de descarbonizar más de 150.000 vehículos, tuvo ya difusión en sus aspectos ambientales , tras una serie de situaciones controversiales, con denuncias de “falta de difusión” del acuerdo firmado entre la empresa chilena y el Poder Ejecutivo, al argumentar “detalles confidenciales”.

Una vez firmado el convenio, muchos actores reclamaron su difusión, incluyendo a legisladores como el diputado Ope Pasquet, quien había dejado plasmado en posteo en X que “en Uruguay lo que debiera permanecer en reserva, como las investigaciones de la Fiscalía, por ejemplo, se filtran a la prensa y se hacen públicas, pero los contratos que obligan al país por muchos años y mucho dinero, que debieran ser públicos, se negocian en secreto”.

¿SIN INFORMACIÓN AMBIENTAL?

Quien también se hizo eco de este pedido fue el “Partido Verde Animalista” organización que adujo “no tener respuesta del Poder Ejecutivo”.

Raúl Viñas, principal de este grupo político, anunció la elevación de los obrados a la justicia, cuyo fallo en primera instancia no le fue favorable al Estado uruguayo.

Precisamente el Juez Pablo Gandini había condenado al Gobierno a suministrar toda la información de carácter ambiental contenida en el memorando de entendimiento y su anexo celebrado entre la República Oriental del Uruguay y la Empresa HIF Uruguay el día 28 de febrero de 2024, con un plazo de 15 días para presentar los datos solicitados.

Ya vencido ese plazo, la justicia había ordenado al Poder Ejecutivo pagar una multa de 20 Unidades Reajustables (UR), equivalentes a 35.000 pesos, según la cotización actual, por cada día que continuara sin cumplir la sentencia que lo obligaba a hacer pública la información confidencial en torno al proyecto con HIF Global, con un plazo máximo de 45 días, que se cumplirían el 20 de diciembre.

LA DOCUMENTACIÓN SE PRESENTÓ

El viceministro de industrias, Walter Verri, abordó con nuestro medio la situación relacionada con la sentencia del juez Gandini y la denuncia hecha por Raúl Viñas.

Según el jerarca estatal, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) cumplió con la entrega de la información ambiental requerida en el plazo establecido.

El funcionario explicó que la confusión surgió porque Viñas informó al juez que el escrito entregado por el MIEM era diferente al solicitado. Aunque Gandini ordenó la cesión de la información ambiental contenida en el MOU y sus anexos, Verri aclaró que el documento que se firmó a finales de febrero, había sido entregado en ALUR en el marco del proceso competitivo, lo que llevó a una diferencia en las fechas que el denunciante utilizó como argumento.

El viceministro mostró sorpresa ante el hecho de que, a pesar de cumplir con la entrega de la información, se impusiera una multa y se exigiera nuevamente la presentación de los términos ambientales del Memorando de Entendimiento (MOU). Verri defendió la posición del MIEM asegurando que ya habían presentado toda la información pertinente, la cual está disponible públicamente en la página del Ministerio del Ambiente con el estudio de impacto ambiental correspondiente.

Además, enfatizó que el acuerdo de inversión será público y reiteró que no hay nada que ocultar por parte del ministerio. En consecuencia, el MIEM ha decidido apelar la decisión del juez, sosteniendo que han cumplido con lo que se requería.