Los autos eléctricos tendrán que empezar a pagar IMESI

Después de varios meses de análisis dentro del Poder Ejecutivo y de posiciones contrapuestas entre organismos públicos y actores privados, el Gobierno resolvió modificar el esquema de incentivos que durante los últimos años impulsó el crecimiento de los vehículos eléctricos en Uruguay.

El decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi, junto con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, establece que a partir del 1º de enero de 2027 los vehículos eléctricos de pasajeros comenzarán a tributar el Impuesto Específico Interno de forma gradual cuando superen determinados valores de importación.

El nuevo régimen mantiene la exoneración para los modelos con un valor en Aduana de hasta US$ 19.000, incorpora una tasa del 5 por ciento para aquellos ubicados entre US$ 19.001 y US$ 27.000 y fija un IMESI del 9 por ciento para las unidades que superen ese monto.

Más allá de los porcentajes, el decreto representa un cambio de criterio. Uruguay deja atrás un esquema de exoneración prácticamente generalizada y pasa a focalizar los beneficios en los vehículos de menor valor, manteniendo la promoción de la movilidad eléctrica, pero con un enfoque más selectivo.

EL DEBATE COMENZÓ DENTRO DEL PROPIO GOBIERNO

La revisión de los incentivos no apareció de un día para el otro. Meses atrás, el Ministerio de Economía comenzó a plantear que el mercado había alcanzado un grado de desarrollo que justificaba revisar parte de las exoneraciones. La propuesta se incorporó luego al paquete de medidas de la Rendición de Cuentas como una herramienta para fortalecer la recaudación sin eliminar el apoyo a la movilidad sostenible.

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, fue el encargado de explicar la lógica del cambio. Según sostuvo, el objetivo no era retirar los incentivos, sino concentrarlos en los segmentos donde todavía cumplen un papel determinante para facilitar el acceso a esta tecnología.

En las últimas horas, el jerarca aclaró que el límite de US$ 19.000 corresponde al valor de importación y no al precio de venta al público. En la práctica, señaló, los vehículos que hoy se comercializan en el entorno de los US$ 30.000 seguirán sin pagar IMESI. También afirmó que aproximadamente dos tercios de los vehículos eléctricos e híbridos no tendrán ninguna modificación en su tratamiento tributario y remarcó que “se sigue promoviendo la movilidad sostenible”.

INDUSTRIA PIDIÓ CAUTELA PARA NO AFECTAR LA TRANSICIÓN

Por otro lado, desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería se planteó durante las semanas previas que la electrificación del transporte todavía necesitaba señales estables para consolidarse.

La ministra Cardona llegó a manifestar públicamente que no consideraba oportuno retirar los beneficios en esta etapa y recordó que, pese al fuerte crecimiento de las ventas, los vehículos eléctricos aún representan una proporción reducida del parque automotor uruguayo.

Finalmente, el decreto terminó reflejando un punto de equilibrio entre ambas posiciones. El Gobierno decidió mantener la exoneración para los modelos de entrada y aplicar una carga tributaria moderada únicamente a los segmentos de mayor valor.

LOS ESTACIONEROS PUSIERON EL COSTO FISCAL SOBRE LA MESA

Como se informó desde Surtidores, mientras el debate avanzaba en el Poder Ejecutivo, la discusión también se trasladó al ámbito empresarial. La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay fue una de las organizaciones que impulsó la revisión del régimen. La gremial presentó un estudio en el que estimó que el Estado resignó cientos de millones de dólares en ingresos fiscales entre 2020 y 2025 como consecuencia de las exoneraciones otorgadas a la movilidad eléctrica y sostuvo que, una vez alcanzado un determinado nivel de desarrollo del mercado, correspondía revisar esos beneficios.

Desde UNVENU también se argumentó que una parte importante de los incentivos terminaba favoreciendo la compra de vehículos de mayor valor, por lo que entendía conveniente avanzar hacia un sistema más focalizado.

Si bien el Gobierno nunca vinculó oficialmente el decreto con ese planteo, la discusión sobre el costo fiscal de los incentivos pasó a ocupar un lugar central en el debate público y acompañó el proceso que desembocó en la nueva reglamentación.

AUDER DEFENDIÓ LA CONTINUIDAD DE LOS ESTÍMULOS

La visión fue diferente desde la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, ya que la organización advirtió que modificar el régimen de exoneraciones podía afectar las señales de largo plazo que requiere la transición energética y recordó que, aunque las matriculaciones crecieron de forma sostenida, la participación de los vehículos eléctricos dentro del parque automotor nacional sigue siendo reducida.

UNA NUEVA ETAPA PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

El decreto llega en un momento de fuerte dinamismo para el mercado uruguayo. En los últimos meses se confirmó el desembarco de Tesla en el país, mientras continúan anunciándose inversiones en infraestructura de carga y nuevas alianzas comerciales que muestran el interés de empresas internacionales por un mercado que se consolidó como uno de los más activos de América Latina en materia de electromovilidad.

Para el sector de los combustibles, el cambio trasciende la cuestión tributaria. Marca el inicio de una nueva etapa en la política pública: el Estado mantiene su apuesta por la movilidad eléctrica, pero entiende que el grado de madurez alcanzado por el mercado permite comenzar a focalizar los beneficios en los vehículos de menor valor.