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Jueves, 15 de enero 2026
Estudio
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El informe técnico puso el foco en las brechas con el PPI y en el uso de los precios como instrumento de política económica.
El Barómetro Energético del Centro de Estudios de Políticas Públicas volvió a colocar en las últimas horas en el centro del debate un tema que atravesó gran parte de 2025: el rol de los precios de los combustibles como herramienta de política económica y fiscal, tras el cambio de metodología impulsado por el gobierno del Frente Amplio.
El informe al cual pudo acceder Surtidores estima que entre marzo y diciembre de 2025 los consumidores uruguayos pagaron cerca de US$ 89 millones por encima del Precio de Paridad de Importación en la nafta Súper 95 y el gasoil 50S. Una brecha que, según el organismo, no responde a factores operativos de Ancap, sino a una decisión política de modificar el ancla de precios, en un contexto de restricción fiscal y redefinición de prioridades presupuestales.
De acuerdo con el CEPP, el sobrecosto se descompone en US$ 39 millones en nafta Súper 95 y US$ 50 millones en gasoil 50S, IVA incluido. La magnitud del desvío equivale a más del 0,1% del Producto Interno Bruto, un dato que el centro de estudios interpreta como una señal clara del peso que adquirió el mercado de combustibles en el esquema de financiamiento del Estado.
En marzo de 2025, los ministerios de Economía e Industria anunciaron una nueva fórmula de ajuste de precios: se abandonó el uso del PPI mensual como referencia directa y se pasó a un esquema bimestral, basado en el promedio de los dos meses previos, con un factor de estabilización de $ 1,50 por litro y un tope de variación del 7%.
Aunque el informe de Ursea sobre el PPI siguió publicándose con regularidad, el CEPP sostiene que su rol cambió sustancialmente. “El PPI dejó de funcionar como un ancla efectiva y pasó a ser una referencia informativa”, señala el documento, que advierte que en todo 2025 los precios internos se ubicaron sistemáticamente por encima de la paridad de importación, algo que no había ocurrido bajo la metodología anterior.
Para el centro impulsado en su momento por el excanciller Ernesto Talvi, esta brecha no es neutra: “En términos económicos, refleja la utilización de los precios de los combustibles como un instrumento de financiamiento fiscal, con impactos directos sobre el costo de vida y la competitividad”.
El contraste con el período previo es uno de los ejes centrales del informe. Según el CEPP, entre 2021 y febrero de 2025, bajo el esquema aprobado en la Ley de Urgente Consideración, los consumidores ahorraron alrededor de US$ 450 millones, mientras que Ancap mostró resultados positivos, salvo en los períodos de parada de la refinería de La Teja.
El documento subraya que el cambio de criterio no estuvo motivado por un deterioro estructural de la empresa pública, sino por una decisión de política económica, en un contexto donde el nuevo gobierno buscó mayor previsibilidad de ingresos y menor volatilidad en los precios, aun a costa de trasladar un mayor esfuerzo al consumidor final.
El Barómetro Energético también pone el foco en la composición del precio. En el gasoil, el 42% del Precio de Venta al Público máximo corresponde a impuestos y costos de la cadena de distribución, mientras que en la gasolina esa proporción asciende al 61%, componentes que están fuera del control directo de Ancap.
Dentro de ese esquema, los consumidores aportaron US$ 67 millones al Fideicomiso del Transporte entre marzo y diciembre, reforzando la idea de que el precio del combustible cumple múltiples funciones: energética, social y fiscal.
El CEPP agrega un elemento regulatorio: aunque el Poder Ejecutivo fija precios máximos, no se observan diferencias en los valores en surtidor, lo que —según el informe— evidencia una falla del sistema regulado para promover competencia efectiva en el tramo minorista.
El capítulo más sensible desde el punto de vista político es el del supergás. El informe estima que su comercialización generó pérdidas por US$ 44 millones, producto de un precio de venta por debajo del Precio Ex Planta de referencia. Ese desbalance fue cubierto mediante subsidios cruzados, trasladando parte del costo a los consumidores de naftas y gasoil.
Si bien el CEPP reconoce el objetivo social del subsidio, cuestiona su diseño institucional: el mecanismo no fue aprobado explícitamente por el Parlamento ni reflejado de forma directa en el presupuesto, lo que, a su juicio, reduce la transparencia y diluye responsabilidades en la política pública.
El informe también incorpora una lectura política del diferencial regional. En 2025, la gasolina en Uruguay fue hasta 75% más cara que en Concordia (Argentina) y 60% más costosa que en Sant’Ana do Livramento (Brasil), mientras que el gasoil mostró brechas menores. Para el CEPP, estos diferenciales refuerzan el impacto del esquema de precios sobre la competitividad, especialmente en zonas de frontera.
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