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Una delegación encabezada por el ministro Paganini, explicó a los legisladores que no resulta lógico ni prudente “que deban soportar las pérdidas y contingencias del proyecto fallido”.
En la tarde de ayer una delegación integrada por el ministro y su vice, Omar Paganini y Walter Verri respectivamente y los presidentes y vicepresidentes de UTE y ANCAP, fueron recibidos por la Comisión de Industrias de Diputados.
Los legisladores querían escuchar de primera mano, la justificación del Poder Ejecutivo (representado por los jerarcas antedichos) en torno a la liquidación de Gas Sayago, cuyos términos ya fueron enviados oportunamente al Congreso para ser promulgada una ley al respecto, que en su artículo primero expresa: “Los activos y pasivos de Gas Sayago SA en liquidación remanentes a la fecha, quedarán transferidos de pleno derecho a UTE y ANCAP de acuerdo a sus respectivas participaciones accionarias. Ambas empresas serán consideradas a todos los efectos como sucesores a título universal de la Sociedad, desde la entrada en vigencia de la presente ley a prorrata de sus respectivas participaciones accionarias”.
Cabe señalar que Gas Sayago SA es propiedad de UTE y ANCAP, con una participación en el capital accionario de 79,35 por ciento y 20,65 por ciento respectivamente.
ANTECEDENTES
El 5 de julio de 2007, se suscribió entre la República Oriental del Uruguay (a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería) y la República Argentina (a través de su Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) un convenio de cooperación en materia energética cuyo objeto es el emprendimiento de acciones que posibiliten la construcción de una planta regasificadora en territorio uruguayo con el fin de abastecer a ambos países.
Cuatro meses después -el 28 de noviembre del mismo año- se rubricó entre las mismas partes un “Acuerdo para la implementación y operación del proyecto de regasificación de gas natural licuado” que tuvo como objeto explícito el emprendimiento de todas las acciones y la adopción de las medidas que posibiliten la construcción de la planta mencionada. En ese marco, se creó una subcomisión Mixta integrada por UTE y ANCAP por Uruguay y Energía Argentina SA (ENARSA) por Argentina y se establecieron las directrices de la iniciativa.
A comienzos de 2008, representantes de UTE, ANCAP y ENARSA firmaron un memorandum de entendimiento para la concreción de acciones iguales entre ambos países de la capacidad de regasificación y exoneraciones impositivas simétricas para el gas de planta, aunque según señalaron fuentes de UTE a Surtidores “la participación de ENARSA nunca se materializó mediante un compromiso firme, vinculante y exigible legalmente. Por lo que, en definitiva, se prosiguió únicamente con el apoyo y promoción del Poder Ejecutivo del Gobierno uruguayo de la época, y la participación como accionista de las dos empresas energéticas propiedad del Estado: UTE y ANCAP”.
GAS SAYAGO LA S.A. DE UTE Y ANCAP
Ya con Gas Sayago en poder de las dos empresas uruguayas, el Directorio de UTE por Resolución N° 1241 del 8 de octubre de 2009, autorizó la participación de UTE en la constitución de una sociedad anónima con la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland – ANCAP, que bajo la denominación de “GAS SAYAGO SOCIEDAD ANONIMA” cuyo objeto principal apuntó “al desarrollo de todos los estudios de ingeniería, ambientales, económicos, financieros y regulatorios necesarios para la construcción de una instalación de Regasificación de Gas Natural Licuado en la República Oriental del Uruguay, así como la construcción, operación y mantenimiento de la misma; la compra, transporte, almacenamiento de gas licuado y la comercialización del gas natural proveniente de la regasificación de ese gas, la que fue aprobada por Resolución N° 1/010 del 5 de enero del 2010, de Presidencia de la República actuando con el Ministro de Industria Energía y Minería. Por su parte, ANCAP por Res. (D) N° 1233/12/2019, de fecha 23 de diciembre de 2009, aprobó los Estatutos de la Sociedad y el Acuerdo de Accionistas”.
El principal cometido de tal acuerdo fue “la construcción de una planta de regasificación de gas natural licuado (GNL) conjunta con Argentina, en territorio uruguayo, que deberá estar operativa no más allá del año 2013.”
GAS DE FRANCE NO PROSPERÓ
En el año 2012, Gas Sayago SA realizó la precalificación de empresas para participar en la licitación para diseñar, financiar, construir, instalar y operar la Terminal de Regasificación, incluyendo las obras portuarias, bajo un contrato que se realizaría bajo la modalidad BOOT (por sus siglas en inglés: Build Own Operate and Transfer; lo que equivale a construir, poseer, operar y transferir).
El 17 de mayo de 2013 por Acta de Directorio N° 38, numeral 1, se dispuso adjudicar a la firma GDF Suez Energy Latin America Participacoes LTDA, la licitación, “para diseñar, construir, operar y mantener una terminal para recibir, almacenar y regasificar GNL, entregar GN y eventualmente entregar GNL”, según especifica la oferta.
Por Decreto N° 368/013 de fecha 18 de noviembre de 2013, el Poder Ejecutivo otorgó a Gas Sayago SA la concesión para la construcción y explotación (operación y mantenimiento) del gasoducto que conectaría la terminal de regasificación de Puntas de Sayago con el Gasoducto Cruz del Sur, por el plazo de 20 años a partir de la puesta en operación del mismo, prorrogables por un plazo de 5 años. Unos meses después por Acta de Directorio N° 62, numeral 2, de Gas Sayago, se resuelve aprobar la adjudicación de la obra EPC del Gasoducto de vinculación a la empresa “Constructora OAS SA”.
Oportunamente el entonces diputado Pablo Abdala, había presentado pruebas en cuanto a los sobornos que OAS S.A. le pagó al gobernador Fernando Pimentel de Minas Gerais por haber realizado una gestión ante el gobierno uruguayo por la conexión al gasoducto. “Yo presenté copias de las publicaciones de la prensa brasileña” señaló Abdala.
Los datos que aportó Abdala, resultan relevantes, en la medida de que precisamente la constructora brasilera OAS S.A. -acosada por la denuncia de corrupción en Brasil, por el caso “Lava Jato”– no cumplió con el acuerdo quedando el proyecto en una centena de pilotes colocados en la bahía de Montevideo, lo que en definitiva, fue la causante de que el proyecto quedara trunco con las consabidas pérdidas para Gas Sayago y para el Estado uruguayo.
CIERRE Y LIQUIDACIÓN
Por Resolución de UTE N° 19.-3158 de fecha 12 de diciembre de 2019, el Directorio del Ente resolvió disponer que se iniciaran las acciones apropiadas para proceder “al cierre y liquidación de Gas Sayago SA, mandatando a sus representantes en el Directorio de la sociedad, que en su ámbito de competencia promuevan las acciones necesarias conducentes a ejecutar lo dispuesto”.
Por su parte, ANCAP, por Resolución. (D) N° 986/12/2019, de fecha 30 de diciembre de 2019 mandató a sus representantes en el Directorio de Gas Sayago S.A. “para concurrir a la Asamblea Extraordinaria para aprobar la disolución y liquidación de la Sociedad”.
Posteriormente por Asamblea Extraordinaria del Directorio de Gas Sayago SA del 31 de diciembre de 2019, los accionistas UTE y ANCAP, votaron la liquidación de la sociedad al amparo del Art. 159.1 y 159.4 de la Ley Nro. 16.060, es decir, por “Acuerdo de Socios” y además por la “Imposibilidad Superviniente de la Consecución del Objeto Social”.
Los representantes del Poder Ejecutivo, explicaron a los legisladores que en virtud de los antecedentes, “la Sociedad se encuentra en Proceso de Liquidación, habiéndose aprobado el Balance Inicial y el Inventario con fecha 28 de agosto de 2020, por lo que correspondería que la Sociedad procediera a la cancelación de los pasivos pendientes y procediéndose a la realización del Balance Final, y extinguir la Sociedad”.
MILONARIOS ADEUDOS
En la actualidad Gas Sayago SA mantiene adeudos en base a sus actividades “con organismos estatales, y con proveedores y servicios de carácter privado por lo que le resulta imposible liquidar definitivamente dicha sociedad que fuera utilizada por los accionistas, y a impulso del Gobierno Nacional de la época como un emprendimiento del estado uruguayo. Así a la Administración Nacional de Puertos por el arrendamiento de 7.04 hectáreas de piso portuario, la suma de USD 124.608 (ciento veinticuatro mil seiscientos ocho dólares estadounidenses) mensuales, suma que al 30 de mayo de 2021, asciende a USD 872.256 (ochocientos setenta y dos mil doscientos cincuenta y seis dólares estadounidenses)” se subrayó.
“Asimismo, existen deudas contingentes de la sociedad, debido a juicios en los que Gas Sayago SA es demandada, reclamándose la suma del orden de USD 40.000.000 (cuarenta millones de dólares estadounidenses) a la fecha de presentación de las correspondientes demandas” informaron los jerarcas a los diputados.
De la documentación emergente, se presume que existiría además, la contingencia de un pasivo ambiental en caso de que la Dirección Nacional de Medio Ambiente disponga la extracción de los pilotes hincados en el agua, asociado al plan de desmantelamiento, por un monto estimado de USD 8.000.000.
SITUACIÓN DE MARTA JARA; INADMISIBLE
En otra parte, la delegación invitada a la comisión expuso que “queda absolutamente claro que se trataba de un proyecto promovido a iniciativa del Estado uruguayo iniciado por el Gobierno de la época, realizado en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería, utilizando al efecto la participación de las dos empresas energéticas propiedad del Estado, UTE y ANCAP por lo que no resulta lógico ni prudente que deban soportar dichas empresas del Estado en forma exclusiva, las pérdidas y contingencias del proyecto fallido. Habiéndose ejecutado en lo sustancial la liquidación encomendada, la sociedad continúa generando costos, los que en el futuro acarrearán obligaciones de pago, asociados a los bienes que aún se encuentran en su patrimonio, (gasoducto, tubos y pilotes, etc)”.
Para finalizar una alta fuente de ANCAP consultada por Surtidores, reveló que “las deudas que quedan van entre 30 y 40 millones de dólares, incluyendo el pago del juicio iniciado por la ex presidente de ANCAP y Gerente General de Gas Sayago, Marta Jara, cuya situación al haber cobrado la liquidación de Gas Sayago y la de ANCAP por el mismo período, ha sido objeto de fuertes críticas. En la propia reunión con los legisladores de hoy, se catalogó esta situación como de inadmisible”.
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